Lunes, 05 Marzo 2018 11:04

 En tierra perdida: los menores marroquíes que nadie quiere ver Destacado

Escrito por Núria Vila
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Jóvenes marroquíes menores de edad que llegan a Barcelona arriesgando sus vidas se encuentran enzarzados en una disputa entre una administración pública colapsada y colectivos de vecinos fastidiados por el alboroto que causan en los pisos tutelados

Esta es una historia sobre cómo la negligencia pública ha convertido la acogida de menores en Barcelona en un despropósito con muchos disgustados y pocas explicaciones. Desde que el bebé de José y Laura –nombres ficticios- nació, no ha vivido un segundo de tranquilidad. Al volver del hospital, después de dar a luz, se encontraron con que en su bloque de pisos de la calle Pere IV de Poble Nou –en Barcelona- había nuevos inquilinos. La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) del gobierno catalán, mediante la fundación Ibn Battuta a quien deriva parte del servicio de acogida de menores de edad no acompañados, había instalado a una treintena de jóvenes marroquíes a su vecindario, al no disponer de más espacio en los centros de acogida establecidos.

“La niña se despierta sobresaltada. [Los menores tutelados] gritan, mean dentro del edificio, tiran cosas por las escaleras, como colillas de tabaco… Yo no voy a vivir así. No se puede vivir aquí con este peligro para mi hija”, explica la madre. Lo que tendrían que haber sido los meses más felices de su vida, tras el nacimiento de su hija, se han convertido en una pesadilla. “Nos gustaría que llevaran a estos chicos a un sitio donde no haya colisión con el derecho a descansar de los vecinos”, explica el padre, cansados de esta situación insostenible. Esta familia, junto a asociaciones de vecinos del barrio, se están organizando para encontrar una solución urgente a su caso. Por ahora, lo han probado todo: Reclamaciones al Ayuntamiento de Barcelona, a DGAIA, a Ibn Battuta, al Síndic de Greuges… Sin que nadie dé la cara para darles explicaciones.

 Las escaleras del piso 

 

 

Pero Barcelona no es el único punto donde la Fundación Ibn Battuta levanta malestar. En Manresa, el ayuntamiento ordenó el verano de 2016 a la fundación que presentara un documento sobre las medidas que era necesario ejecutar en la antigua fábrica de Los Polvorers, de la cual es propietaria actualmente, para evitar su degradación. Al no presentar la documentación, el ayuntamiento ha decidido imponer la primera multa coercitiva, de 1000€. “El ayuntamiento procederá a constatar si se ha cumplido las medidas a ejecutar. En caso contrario, el expediente de disciplina seguirá su curso con la imposición de eventuales nuevas multas coercitivas”, ha respondido el mismo Ayuntamiento de Manresa, tras ser preguntado sobre la cuestión.

Un entramado oscuro

DGAIA, a quien InfoTalQual ha preguntado sobre el caso en más de una ocasión, todavía no ha ofrecido una respuesta. El hecho es que, DGAIA, al verse desbordada por la llegada abundante de inmigración en Barcelona, deriva la acogida que prestan en sus centros a fundaciones –en este caso a Ibn Battuta-, para que sean ellas quienes gestionen el servicio. Las peticiones de los afectados del bloque de Pere IV 76 se dirigen a DGAIA, a quien consideran el máximo responsable de la situación. Además, insisten en que este modelo de acogida no va a permitir la integración de los jóvenes, sino todo lo contrario. “No es culpa de los chavales. Nosotros pedimos que tengan las instalaciones adecuadas. Con el poder que tiene DGAIA, podrían llevar a los chicos a un sitio donde no haya vecinos”, explica el padre.

Por el momento, unos 28 menores habitan tres pisos –de media, unos 9 por piso, aunque varían con frecuencia. Cuando los jóvenes entraron en el bloque por primera vez, en el verano pasado, “Rosa Pérez [responsable de DGAIA] dijo que no sabía que en el bloque vivía alguien. Hay dos opciones: o es una incompetente, por no asegurarse de las cosas que hace, o es una mentirosa”, apunta el padre de la familia.     

         Una de las puertas del piso 

 

 

Jóvenes sin rumbo: La otra cara de la moneda

Los menores que llegan a Barcelona son también los principales afectados de la mala praxis en la acogida. Rajab y Chaaban “nombres ficticios”, dos jóvenes marroquíes que viven en el bloque de Pere IV, entienden totalmente que los vecinos se quejen del alboroto en el edificio. Llegaron a España arriesgando sus vidas en patera y cruzando la valla de Ceuta, respectivamente, y, según aseguran en frente del edificio, lo único que desean es formarse para encontrar un trabajo y poder salir adelante. Aun así, la falta de información de que disponen sobre qué va a hacer DGAIA con ellos cuando cumplan la mayoría de edad les hace vivir con incertidumbre. “Me falta un muy poco para cumplir los 18, y no sé si volveré a Marruecos, en un piso, a la calle… Tengo miedo que me dejen en la calle. Toda la gente de Marruecos que está aquí quiere trabajar”, explica Chaaban. “He hablado con Ibn Battuta, y lo más seguro es que no tengo más sitio para estar”. Rajab, por su parte, apunta que “la mayoría de mis amigos están durmiendo en la calle”.

Rajab, al morir su abuela, que se hacía cargo de él en Marruecos, empezó a deambular por las calles. Sin ningún papel ni en España ni en Marruecos –ni pasaporte, ni DNI, ni libro de familia-, su caso “no tiene ninguna solución”, según le han asegurado desde Ibn Battuta. El objetivo de estos jóvenes al arriesgar su vida cruzando desde Marruecos es “buscar cursos de formación laboral para que puedan integrarse en el mercado. Lo que queremos es trabajar”, explican los jóvenes. En el piso de acogida, “nos tratan como en una cárcel: no nos informan de nada. Si tratas de reivindicar, te amenazan con ponerte en la calle o quitarte la paga”. A principios de febrero, nueve de los menores acudieron a DGAIA para presentar sus quejas, pero ésta “rechazó recibirlos”, según aseguran los jóvenes. “DGAIA nos dijo que dejáramos nuestros nombres y ya lo verían. Como teníamos miedo de meternos en problemas, no dejamos nuestros contactos”, explican los dos al unísono.

 

Para Chaaban, las dificultades con las que viven en el bloque se resumen en dos niveles: “hay muchas peleas y ruidos en la vida entre los chavales”. En cuanto a los vecinos, “es normal que se quejen, por los ruidos y todo. Tienen todo el derecho a quejarse”, subraya. Los educadores sociales, según Chaaban, “no pueden controlar nada de eso”. La magnitud del problema supera el nivel de atención ofrecido desde las instituciones.

 

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