Martes, 08 Mayo 2018 16:38

Informe: el fracaso de la lucha contra el extremismo violento Destacado

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La presentación del informe en la CCCB en Barcelona con la presencia de  Fatiha Elmouali una de las expertas del racismo y islamofobia La presentación del informe en la CCCB en Barcelona con la presencia de Fatiha Elmouali una de las expertas del racismo y islamofobia

A principios de la década de 2000, surgió una nueva forma de política antiterrorista, conocida como ‘lucha contra el extremismo violento’ (LEV). La LEV fue pionera en los Países Bajos y el Reino Unido antes de extenderse a otras partes de Europa, Estados Unidos y, finalmente, al resto del mundo. La lucha contra el extremismo violento se globalizó. Desde Finlandia a Filipinas, y desde Marruecos hasta Arabia Saudita.

Estos días se acaba de hacer público, en el Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona,  un nuevo informe encargado por el Transnational Institute y el Social Security Network y redactado por Arun Kundnani, profesor en la Universidad de Nueva York, y autor de The Muslims Are Coming! Islamofobia, extremismo y la guerra doméstica contra el terrorismo y Ben Hayes, investigador independiente y consultor sobre políticas de seguridad,  control fronterizo, contraterrorismo y protección de datos del Transnational Institute. El informe se denomina La globalización de las políticas de lucha contra el extremismo violento: el menoscabo de los derechos humanos y la instrumentalización de la sociedad civil y, básicamente, hace un repaso a las políticas LEV y las graves consecuencias que ha tenido, y sigue teniendo, su aplicación.

 El fracaso de la lucha contra el extremismo violento

La violencia de la extrema derecha, ¿es extremismo violento? ¿Es terrorismo? ¿Son lo mismo ambas cosas? Seguramente la respuesta a estas preguntas acabaría provocando una polémica de difícil solución. Para corregir malos entendidos o confusiones conceptuales, las nuevas políticas antiterroristas, aplicadas desde principios del 2000, han pretendido alejarse de antiguos conceptos, el incendiario “guerra contra el terrorismo”, para presentarse como una forma más liberal, inteligente e integral de lidiar contra el enemigo.

Pero, como casi siempre, una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. La globalización de la LEV (Lucha contra el Extremismo Violento) ha llevado consigo a la globalización también de otros problemas alarmantes como el perjuicio de los derechos humanos y el menoscabo de la sociedad civil.

A pesar de que, teóricamente, sí debieran hacerlo, lo cierto es que las políticas LEV no representan una alternativa a la seguridad, sino que, básicamente, amplían ésta a más ámbitos. Realmente, no son una alternativa a la coerción del estado sino una oportunidad para incrementar “justificadamente” la vigilancia y la represión.

Sobre el papel, las políticas LEV pretenden minimizar el terrorismo utilizando métodos que van más allá de un uso estricto de la fuerza militar y la coerción prevista por la legislación penal. Es decir, pretenden que las acciones terroristas desaparezcan utilizando “no demasiado” la violencia.  También pretende evitar la aparición del terrorismo antes de que haya emergido por completo en una región, en una comunidad o en una persona, al más puro estilo “Mirority Report”.

De entrada, el concepto extremismo está definido de manera muy vaga. Además, aplicando la normativa actual se podría considerar como extremista a grandes sectores de la población. La consecuencia más habitual es que se acaba prestando una atención desproporcionada a las poblaciones musulmanas y, en cambio, no la suficiente a la violencia de la extrema derecha. Es decir, nos encontramos ante unas normas que, según quien las interprete,  pueden llegar a convertir los agentes sociales en elementos sospechosos.

Unos de los aspectos a los que Occidente otorga más valor en las políticas de Lucha contra el Extremismo Violento consiste en su valor como herramienta de prevención de la divulgación de las ideologías extremistas. Lo que acaba ocurriendo es que las políticas dirigidas a las comunidades musulmanes se han convertido en intentos, sin precedentes, de manipular la esfera de la ideología religiosa.

Por otro lado, las políticas LEV intentan provocar cambios en las actitudes y opiniones culturales, religiosas y políticas de las comunidades a las que se dirige. Para ello no se escatima en gastos y se contratan agencias de relaciones públicas para que organicen campañas mediáticas, se financia también a representantes comunitarios que promuevan el mismo mensaje LEV. Lo que acaba ocurriendo también es que las voces más genuinas de la comunidad tienden a desaparecer y los estereotipos se ven reforzados.

Las políticas LEV desarrollan un sistema de vigilancia que permite supervisar a las comunidades en búsqueda de sistemas de radicalización y efectuar “intervenciones blandas” con personas sospechosas de convertirse en extremistas. De hecho, la vigilancia generada por las políticas LEV no persigue  detectar conductas delictivas inminentes, sino un amplio abanico de indicadores de preocupación de carácter ideológico.

Estas acciones suponen la celebración de acuerdos  “especiales y voluntarios” entre agencias policiales y proveedores de servicios de internet y plataformas de redes sociales que acaban permitiendo que se censuren contenidos extremistas. Estas empresas siguen las instrucciones del Gobierno de turno sobre lo que se considera extremista.  Es decir, estas empresa acaban haciendo lo que la orientación política de los gobiernos decide.

Y en esa misma lógica, uno de los problemas más evidente que generan los programas LEV es que hay muchas conductas susceptibles de ser consideradas “extremistas“ que pueden aplicarse  a actividades políticas perfectamente legítimas, como protestas y manifestaciones.

Además, las políticas LEV suelen responder a decisiones ejecutivas y no a marcos legítimos. Es decir, en la mayoría de casos se trata de colaboraciones entre organismos estatales no transparente y que no están obligados a rendir cuentas.

La Unión Europa comenzó a aplicar estrategias de LEV en el 2005. Desde entonces hasta el 2020 se han gastado, o previsto gastar, más de 700 millones de euros entre el Programa Europeo de Investigación sobre Seguridad y el Fondo de Seguridad Interior de la UE. Además, se ha multiplicado la financiación de proyectos en los que participan Ayuntamientos, Universidades, ONG, grupos religiosos, centros penitenciarios, autoridades policiales, autoridades fronterizas y redes de transporte. Trece años después no existe ningún tipo de control democrático sobre los proyectos, hay muy poca información sobre sus contenidos y ninguna sobre los resultados.

De hecho, el Parlamento Europeo y las organizaciones de la sociedad civil que tienen interés en la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos han quedado completamente marginados en el diseño de las políticas LEV de la UE.

Según El informe La globalización de las políticas de lucha contra el extremismo violento: el menoscabo de los derechos humanos y la instrumentalización de la sociedad civil, que se basa en la aplicación de los derechos humanos y los principios de buenas prácticas para las políticas públicas, las políticas LEV, antes de aplicarse, debieran basarse en una evaluación objetiva, proporcionada e imparcial de la violencia política en un territorio determinado, debieran poderse implementar de manera democrática, debieran tener en cuenta los derechos fundamentales de los menores y capacitar a las mujeres de manera activa para reducir la violencia. Lo cierto es que a día de hoy, la aplicación de las políticas LEV es muchas cosas, menos eficiente.

 

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